Los sindicatos CIG y CCOO han denunciado públicamente la actuación de las empresas Alfer y Anpián, integrantes de la UTE que se ha hecho con el servicio de transporte adaptado del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, por negarse a subrogar a la plantilla que venía de la empresa Gavilanes. Según las centrales, esa obligación está recogida tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Acordo Marco Galego de Transporte de Viaxeiros, por lo que califican la decisión de inédita e injustificable.
La denuncia apunta a un agravio evidente. La misma UTE sí asumió al personal procedente de la empresa Morán, pero dejó fuera al de Gavilanes. Con ello, según CIG y CCOO, se genera una desigualdad difícil de explicar y se coloca a más de diez familias en una situación de total indefensión.
El calendario agrava el problema. Los sindicatos detallan que la plantilla cesó en Gavilanes el pasado 31 de julio y que la UTE, conocedora del personal subrogable, ya había avisado de que no se haría cargo de estos trabajadores. Tras esto, según las mismas fuentes, los afectados tampoco pueden cobrar la prestación por desempleo: la Administración entiende que sigue existiendo una relación laboral pendiente de resolver.
¿La única salida? Los tribunales. CIG y CCOO advierten de que ese procedimiento judicial puede alargarse durante meses, un tiempo en el que las personas afectadas permanecerían sin sueldo y sin ninguna prestación. En la práctica, sostienen, se convierte a los trabajadores en rehenes de un conflicto empresarial y administrativo del que no son responsables.
Los sindicatos exigen a Alfer y Anpián que rectifiquen de inmediato y procedan a la subrogación, para evitar lo que describen como un perjuicio económico y social irreparable. Mientras tanto, reclaman al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que no se quede al margen: como administración contratante, señalan, debe garantizar que la adjudicataria cumpla con la legalidad laboral y con las obligaciones que derivan de la sucesión en el servicio.
CIG y CCOO insisten en que no están ante un simple pleito mercantil, sino ante familias que han quedado, de un día para otro, sin ingresos ni cobertura social. Recuerdan además que este personal lleva años atendiendo a las personas con mayores necesidades de atención. Por eso anuncian que recurrirán a todas las vías legales, administrativas y de movilización a su alcance para defender la continuidad en el empleo de estos trabajadores.
