El transporte urbano de Ourense vuelve a quedar en el aire. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGal) ha anulado la adjudicación del contrato del servicio a la UTE Sagalés-Gavilanes a través de la resolución 181/2026, y ha ordenado devolver el expediente a la Mesa de Contratación del Concello para que examine cuatro posibles causas de exclusión.
La decisión llega tras estimar parcialmente los recursos que presentaron tres de las empresas que optaban al contrato. El Tribunal no cierra nada. No concluye que exista causa de exclusión ni ordena apartar a ninguna licitadora del concurso.
Lo que hace es marcar deberes. La Mesa deberá revisar cuatro cuestiones concretas antes de decidir de nuevo.
La primera afecta a las naves ofertadas: hay que comprobar si las que presentaron la adjudicataria y la segunda y tercera clasificadas cumplen con lo que exigía el pliego de condiciones. La segunda tiene que ver con la solvencia técnica de la adjudicataria y la validez de la documentación con la que la acreditó. La tercera apunta a una inexactitud detectada en su declaración responsable. Y la cuarta obliga a valorar si los estudios económicos de las tres primeras empresas clasificadas están bien planteados.
Tres de estos cuatro puntos aparecieron por primera vez en los recursos ante el TACGal. No se habían planteado durante la tramitación administrativa del expediente. La excepción es la relativa a los estudios económicos.
Con la resolución sobre la mesa, el órgano de contratación del Concello volverá a reunirse. Pedirá antes las aclaraciones o informes que necesite y decidirá después si concurren o no las causas de exclusión alegadas.
El Tribunal también dice que no a una de las peticiones. Desestima por completo la alegación de uno de los recursos, que reclamaba anular la licitación por los cambios introducidos en los últimos meses en las líneas del servicio.
