En un comunicado distribuido a los medios, el Partido Popular ha querido dejar constancia del aumento que a su juicio ha sufrido la ocupación ilegal del viviendas en la provincia de Ourense desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno.
Los representantes ourensanos en el Congreso, Ana Vázquez y Celso Delgado han manifestado que esto sucede «sin que el Ejecutivo haga absolutamente nada para poner freno al movimiento okupa y a los problemas de seguridad y deterioro social y de la convivencia en los inmuebles y barrios donde prolifera este fenómeno». El pasado año según datos facilitados por el gobierno en Ourense se produjeron 14 okupaciones, frente a las 2 que se habían producido en el año 2018.
Los diputados populares exigen al Gobierno la adopción de una serie de medidas tales como el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas, sin tener que esperar, dicen, meses. Reclaman además el refuerzo del delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel, incluyendo expresamente como agravante los casos de mafias que se lucran alquilando viviendas okupadas. Además, solicitan que se otorgue potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas frente a la okupación y permitir que acudan a las autoridades cuando, en ausencia del propietario, los okupas realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres.
