El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, reunió este jueves por la mañana a la junta de portavoces para trasladar a los grupos municipales un problema de impagos en el área económica del Concello. Según explicó el regidor, la administración local tiene 75 millones de euros disponibles —dinero suficiente para cubrir todas las obligaciones pendientes—, pero los pagos están bloqueados.
¿La causa principal? Según detalló Jácome, el departamento de Intervención «non fiscaliza algunhas facturas e iso impide automáticamente continuar a súa tramitación». Es decir, sin ese visto bueno, las facturas no avanzan y no llegan a abonarse.
El alcalde subrayó que el bloqueo afecta a facturas tramitadas con normalidad. Lo dijo así: la situación «está a afectar a facturas tramitadas de forma ordinaria, avaladas polos respectivos departamentos, contratadas de forma totalmente regular por servizos prestados ao Concello e que deben ser pagadas».
El matiz importa. No falta crédito ni dinero, según el regidor. Lo que existe en muchos casos es una omisión de fiscalización —negativa o positiva—, y eso frena el trámite.
Ante este escenario, el Concello trasladará el asunto a la Xunta de Galicia, a quien corresponde, según Jácome, evaluar la actuación del departamento de Intervención.
Mientras tanto, el regidor afirmó que se está informando a los proveedores de sus derechos para cobrar. Entre ellos figura la posibilidad de acudir a los tribunales y pedir medidas cautelarísimas al amparo del artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Jácome defendió que su obligación es «velar por que os provedores cobren» y que, «se unha das causas é que un departamento non fiscaliza as facturas, o goberno municipal ten que buscar formas legais para que os provedores cobren».
De cara al futuro, el alcalde adelantó que estudia las vías legales para proteger los intereses municipales frente a posibles consecuencias económicas, como el pago de intereses de demora o costas judiciales. A su juicio, informar de todo esto no es solo un derecho, sino un deber del gobierno local.
