Un vecino de Ourense ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de estafa con un perjuicio patrimonial de más de 325.000 euros. La actuación se enmarca en la operación MAXIPLAN, abierta a raíz de varias denuncias por una presunta trama relacionada con la captación de fondos mediante supuestos productos de inversión y seguros que ofrecían elevadas rentabilidades.
La investigación apunta a un modus operandi que se habría mantenido durante varios años. Según las diligencias policiales, la relación de confianza con los clientes y la apariencia profesional asociada a la actividad aseguradora habrían servido para captar las aportaciones económicas.
Las personas perjudicadas habrían entregado dinero para supuestos depósitos o productos de inversión, con rentabilidades que oscilaban aproximadamente entre el 3,95 % y el 7,40 % anual.
Uno de los principales casos investigados se prolongó durante varios años y las aportaciones se realizaron mediante diferentes transferencias bancarias. Cuando una de las personas afectadas solicitó recuperar más de 46.000 euros, habría recibido varios justificantes de transferencias que posteriormente no habrían resultado efectivos.
Las comprobaciones posteriores ante las entidades relacionadas con los supuestos productos permitieron determinar que no constaban los depósitos o aportaciones que se habían comunicado a los perjudicados. La investigación apunta además a la posible utilización de documentación aparentemente falsa para dar legitimidad a las operaciones.
También se investigan cobros correspondientes a primas de seguros, realizados en efectivo o mediante transferencias. En estos casos se habrían entregado justificantes o documentos que aparentemente acreditaban la contratación de las pólizas.
Las verificaciones realizadas con las compañías aseguradoras habrían permitido detectar que algunas pólizas no se habían formalizado correctamente. Algunas personas afectadas habrían conocido la situación después de recibir comunicaciones de sus respectivas aseguradoras.
La Guardia Civil detectó durante la investigación a varias personas que podrían haber sufrido procedimientos similares. El perjuicio patrimonial acreditado en las diligencias policiales supera los 325.000 euros y corresponde a diferentes afectados y operaciones.
La investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevas personas perjudicadas.
