La provincia de Ourense se descuelga del avance de la inversión pública gallega. Así lo reflejan los datos de licitación del primer semestre de 2026 difundidos por la Federación Gallega de la Construcción, que el sector empresarial ourensano ha presentado este 28 de julio como base para reclamar a las administraciones una planificación que corrija el desequilibrio territorial.
Los números marcan direcciones opuestas. Entre enero y junio, según la Federación, la licitación de obra pública en Galicia alcanzó los 998,97 millones de euros, un 28,24 % más que en el mismo tramo de 2025. Ese impulso, sin embargo, no llegó a Ourense: la provincia bajó de 89,23 a 47,43 millones de euros, lo que supone un descenso del 46,85 %. Es, además, la única provincia gallega que retrocede, mientras A Coruña, Lugo y Pontevedra suman inversión.
El dato de la administración autonómica resulta llamativo. Mientras la licitación de la Xunta creció cerca de un 90 % en el conjunto de Galicia, en Ourense se redujo un 69,44 %, al pasar de 30,44 millones en el primer semestre de 2025 a apenas 9,30 millones en 2026. La Administración del Estado también recortó su aportación a la provincia un 34,99 %, hasta quedarse en 11,51 millones.
A esa fotografía se añade la contratación de servicios ligados a la construcción. Aquí el recorte es aún mayor: Ourense pasó de 42,03 millones licitados en el primer semestre de 2025 a solo 1,49 millones en el mismo periodo de 2026, una caída del 96,45 %.
El sector matiza el análisis con cautela. Reconoce que la licitación no se comporta de forma lineal y que una única obra de gran importe puede alterar las cifras de un ejercicio a otro. Pero, a su juicio, la magnitud y la repetición de estas diferencias obligan a revisar el lugar que ocupa Ourense en la planificación de las inversiones públicas.
Los constructores insisten en que no buscan comparaciones entre provincias ni cuestionar las obras que se ejecutan en otros territorios. Su reclamación, según trasladan, es que Ourense reciba una inversión acorde con su extensión, sus necesidades y los retos que afronta en infraestructuras, vivienda, movilidad, rehabilitación, servicios públicos y lucha contra la despoblación.
Detrás de la petición hay un argumento económico. El sector recuerda que la inversión pública no se limita a mejorar carreteras, redes hidráulicas o centros educativos y sanitarios: también genera empleo, activa a las empresas locales, ayuda a fijar población y refuerza la cohesión del territorio.
Con ese planteamiento, los empresarios piden a Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos que refuercen la coordinación y aprueben una planificación plurianual de inversiones para la provincia, con proyectos maduros, plazos definidos y presupuesto suficiente. Subrayan que Ourense dispone de empresas solventes y profesionales cualificados para asumir obras de distinta dimensión, siempre que exista una cartera estable de actuaciones que permita planificar recursos y sostener el empleo.
De cara a los próximos meses, el sector se muestra dispuesto a colaborar y aportar propuestas, pero avisa de que los datos exigen un cambio de rumbo. Su expectativa es que los presupuestos y planes de las distintas administraciones incorporen una apuesta clara y verificable por la provincia, capaz de devolver a Ourense el peso perdido dentro del conjunto gallego.
