La Audiencia Nacional viene de dar la razón al Concello de Ourense en el conflicto por una subvención vinculada a la rehabilitación de la Praza de Abastos. El fallo anula la decisión del Ministerio que obligaba al consistorio a devolver más de 1,4 millones de euros.
En concreto, el dinero reclamado ascendía a 1.435.265,66 euros, que incluían tanto la ayuda concedida en 2016 como los intereses generados con el paso del tiempo. El Ayuntamiento ya había reintegrado esa cantidad, pero ahora la Justicia considera que no debía hacerlo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la resolución ministerial “non é conforme a dereito”, por lo que queda sin efecto. Esto implica que el Estado tendrá que devolver el dinero al consistorio. Además, se imponen las costas del proceso a la Administración demandada. Aún así, esta sentencia aún puede ser recurrida.
El punto clave del caso está en los plazos. Según recoge el fallo, “é evidente que a Administración superou o prazo de 12 meses” que tenía para resolver el expediente. Ese retraso resulta determinante: el procedimiento caducó y, por tanto, pierde validez.
Al apreciar este defecto, el tribunal no entra a valorar otros argumentos del Ayuntamiento, como el cumplimiento de la subvención o la legalidad de las certificaciones presentadas.
Una resolución que alivia las cuentas municipales y cierra —al menos por ahora— un largo pulso administrativo.
