Alejandra P.R. tenía pleno control financiero en la empresa donde trabajaba, cuando en 2017 fue despedida sus jefes descubrieron el enorme agujero que había dejado en las cuentas bancarias de la empresa ourensana.
Hasta un total de 73.157€ pasaron de las cuentas de la empresa a las suyas propias sin justificación alguna, una desviación de fondos que le ha costado una pena de dos años de prisión por apropiación indebida.
Preguntada por la procedencia de dichos fondos, la acusada no pudo argumentar de donde habían salido esos ingresos. La confianza que la empresa había depositado en ella le permitían controlar los accesos a la banca electrónica a través de la cual habría hecho las transferencias.
