La plataforma Macroplanta Biogás na Limia cerró este jueves 8 de enero el registro de más de 3.400 alegaciones contra el proyecto de macroplanta de biogás promovido por ENCE en Xunqueira de Ambía. Una cifra contundente que refleja el rechazo social a una instalación de grandes dimensiones en el corazón de A Limia.
El número de escritos triplica las alegaciones presentadas en noviembre, cuando la Xunta se vio obligada a cancelar la primera tramitación del proyecto al detectar errores en la documentación aportada por la promotora.
Durante cinco semanas, la plataforma desplegó una intensa campaña informativa: mesas en ferias y mercados, charlas vecinales, difusión en redes sociales y 31 puntos de recogida de alegaciones repartidos por Xunqueira de Ambía, Sandiás, Allariz, Xinzo, Maceda, Vilar de Santos, Vilar de Barrio, Celanova y Ourense. El resultado, aseguran, deja clara la preocupación creciente de la ciudadanía ante una macroindustria de este calibre.
Entre los principales impactos señalados figuran los riesgos de vertidos de residuos líquidos (dixestato), cuya gestión no queda clara en el proyecto, la afección ambiental de una planta situada junto a la zona ZEPA de A Limia, las emisiones de olores que podrían alcanzar más de cinco kilómetros y la amenaza para la salud humana en una zona con numerosos núcleos de población. Todo ello, subrayan, responde a un interés puramente lucrativo, vinculado a la cercanía del gasoducto.
La oposición al proyecto es amplia y diversa. Vecinas y vecinos de la zona, colectivos ecologistas, personas del sector agrario, asociaciones sociales y representantes políticos se han sumado a un rechazo que trasciende el ámbito local.
También los ayuntamientos más afectados han reaccionado. Allariz, Sandiás y Xunqueira de Ambía presentaron alegaciones, y desde el BNG de Xunqueira se solicitó la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para abordar el asunto.
Concluido el período de participación pública, el proyecto entra ahora en una fase de evaluación técnica por parte de la Xunta, un proceso sin acceso público en el que se decidirá si ENCE recibe o no los permisos necesarios. Mientras tanto, la plataforma anuncia nuevas acciones de presión ante las distintas administraciones, incluida la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, clave por el impacto potencial sobre unas aguas de A Limia ya muy castigadas.
