El Concello de Barbadás ha concluido el segundo expediente sancionador contra la empresa adjudicataria del Servicio de Atención en el Hogar (SAF), Osventos, debido a reiterados incumplimientos contractuales y a un grave deterioro en la atención prestada a las personas usuarias.
Meses después de una primera multa que superó los 17.000 euros, el gobierno local ha impuesto una nueva sanción de 11.268 euros. Según denuncia el consistorio, la compañía no está cubriendo las bajas ni las vacaciones del personal, lo que impide ofrecer un servicio adecuado a personas en situación de vulnerabilidad.
La primera sanción, correspondiente al periodo de ejecución del anterior contrato —cuando Osventos también gestionaba el SAF entre 2021 y 2024—, vino acompañada de múltiples requerimientos por parte del Concello para que la empresa se ajustara a las condiciones establecidas, sin obtener respuesta positiva.
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, califica la situación de “inadmisible” y ha solicitado a la Xunta de Galicia que asuma directamente la gestión del SAF. Este jueves, el regidor envió una carta a la Consellería de Política Social pidiendo su intervención y la asunción completa del servicio. En ella, advierte de las “reiteradas infraccións da empresa adxudicataria, as continuas faltas de obediencia aos requerimientos do Concello, as innumerables queixas dos usuarios e usuarias e o prexuízo que está a causar a empresa en persoas vulnerables”.
Valcárcel lamenta las infracciones repetidas de la concesionaria y su negativa a acatar las indicaciones municipales. Además, pide disculpas públicamente a las familias afectadas en nombre de la empresa, recordando que ésta está obligada a cumplir los compromisos contractuales.
La problemática con Osventos no es exclusiva de Barbadás. Esta misma semana, el Concello de Arteixo también solicitó a la Xunta que se hiciera cargo del SAF, alegando incumplimientos similares por parte de la compañía.
El regidor de Barbadás recuerda que la legislación establece que la Administración autonómica y el Estado deben financiar el 100% del servicio de atención a domicilio, algo que, asegura, no sucede en su municipio. Actualmente, el Concello cubre el 58,7% del coste del SAF. Solo en 2024, la administración local invirtió casi 450.000 euros en este servicio, cuando la Xunta y el Gobierno central deberían asumirlo por completo. “Chegamos a esta situación polo incumprimento flagrante por parte da Xunta e do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 da normativa, o que imposibilita a este Concello a prestación adecuada do servizo”, sentencia Valcárcel.
