El Gobierno ha aprobado dos reales decretos ley con 21 medidas de vivienda destinadas a facilitar el acceso al alquiler y a la compra, aumentar la oferta y dar mayor estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios. Las normas deberán ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
El Consejo de Ministros recupera así la esencia de las medidas aprobadas el pasado 29 de septiembre, que no fueron convalidadas por el Congreso, e incorpora nuevas iniciativas. Pedro Sánchez defendió que los textos son fruto de «muchos meses de análisis técnico y diálogo» con organizaciones sociales, el sector inmobiliario, asociaciones de propietarios e inquilinos y grupos parlamentarios.
Entre las medidas figura una nueva deducción por alquiler para los inquilinos. El Gobierno señala que, con una renta de 800 euros mensuales, la desgravación se acercará a los 1.000 euros. Los pequeños propietarios también tendrán incentivos fiscales si alquilan sus viviendas a precios asequibles.
La compra de la primera vivienda contará además con una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses. Según explicó Sánchez, la medida tiene vocación intergeneracional, aunque señaló que la entrada de la hipoteca supone actualmente el principal obstáculo para la emancipación de los jóvenes.
El Ejecutivo también pretende aumentar la oferta. Para ello destinará 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada de vivienda y otros 400 millones para apoyar a los proveedores de vivienda social. Casa 47, entidad pública, adquirirá además miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para facilitar el acceso a los colectivos con mayores dificultades.
En materia de alquiler, uno de los decretos prorroga hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente de sus pagos y limita las subidas de las rentas. El segundo establece la prórroga automática de esos contratos cuando lleguen a su vencimiento, salvo determinados supuestos.
Esta segunda norma tendrá que superar un trámite adicional. Pedro Sánchez reconoció que actualmente no existe una mayoría parlamentaria suficiente para convalidarla, por lo que no entrará en vigor al mismo tiempo que el primer decreto. Su aplicación quedará condicionada a que la Diputación Permanente la convalide.
Los textos incluyen también medidas para proteger a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, junto con garantías adicionales para los pequeños propietarios. Sánchez defendió la necesidad de establecer «reglas claras» sobre la renovación y finalización de los contratos y sobre los casos en los que el propietario puede recuperar su vivienda.
El último bloque de medidas se centra en combatir la especulación y regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Los decretos limitan la compra de vivienda por parte de los conocidos como ‘fondos buitre’, condicionan los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) al alquiler asequible y establecen que los pisos turísticos deberán «tributar como lo que son, un negocio», según manifestó el presidente del Gobierno.
